Estados Unidos busca impedir resquicios en sus ordenanzas perniciosas que puedan ser utilizados para que Cuba apele a la libertad de comercio, y adquiera combustible para paliar el presente bloqueo energético.
Desde enero pasado rige un brutal cerco calzado primeramente por la administración de Donald Trump con la amenaza de aplicar aranceles a países que suministren crudo a la mayor de las Antillas.
Por una decisión de la Corte Suprema, quedaron sin efecto esas puniciones, pero los inquilinos de la Casa Blanca mantuvieron su intimidación a proveedores.
De esa forma, el archipiélago caribeño lleva tres meses sin adquirir hidrocarburos y trabaja con ínfimas reservas.
Los cubanos han sentido el agravamiento del tradicional bloqueo estadounidense, ahora apuntalado con el boicot energético.
El gobierno aplicó un plan de contingencia, con reducciones en servicios esenciales como en la salud, educación, transporte y agricultura, al punto de acentuar las marcadas carencias.
En ese espinoso panorama, el Departamento norteamericano del Tesoro incluyó a Cuba en la lista de excepciones a la disposición que levanta por un mes las restricciones a los hidrocarburos rusos varados en el mar.
Esa medida, enfilada a calmar el alza de precios del petróleo a causa de la agresión estadounidense-israelí a Irán, parecía suficiente para que tanqueros rusos pudieran descargar crudo en puertos cubanos.
Pero el Departamento del Tesoro trata de coartar esa eventualidad, en una maniobra que, al igual que el cerco energético dictado en enero, ha generado poca repulsa de gobiernos, con honrosas excepciones, entre ellas las de México, China y Rusia.
En ese escenario de agudas escaseces en la nación antillana, el presidente Donald Trump ha reiterado lo que llama pretensión de tomar a Cuba, a la par de resaltar lo que considera como serias dificultades de ese último país.
Claro, el magnate se abstiene de explicar que esas dificultades se derivan fundamentalmente del bloqueo de su país, en especial el energético.
Mientras tanto, los cubanos deben sortear prolongados apagones, pues el país casi no dispone de combustible para echar a andar lo que aquí llaman generación distribuida.
Si esos motores autónomos pudieran operar, no serían tan acentuadas las consecuencias de las averías y mantenimientos en las obsoletas termoeléctricas cubanas.
La nación antillana impulsa un acelerado programa para dotarse de paneles solares.
Se trata de una carrera contra reloj, con vistas a atenuar el cerco energético de Estados Unidos, cuyas acciones han sido calificadas por la ONU como violadoras de los derechos humanos.
