Centro de Salud I, barrio Ramon Castilla, distrito de Huancabamba, Piura, 2012. Fotografía de Alejandra Ballón.

Por María Josefina Arce

A lo largo de la historia los pueblos indígenas han sido objeto de una criminal y racista política de estado: la esterilización forzada de mujeres y hombres. En el Perú, durante los diez años de mandato del ex presidente Alberto Fujimori, se puso en marcha esa práctica violatoria de los derechos humanos.

Bajo el nombre de Plan Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), 350 mil mujeres y 25 mil hombres vieron esfumarse sus anhelos de tener hijos.

Este genocida programa estaba destinado especialmente a los pobladores indígenas de las zonas rurales más pobres, la sierra andina, la selva amazónica y las villas miserias que rodeaban a Lima, la capital.

El ex mandatario puso en marcha una propaganda engañosa, asegurando que el estado permitiría a las familias de escasos recursos y nivel educativo acceder a los diferentes métodos de planificación familiar de que gozaban las clases acomodadas, y agregaba que las mujeres peruanas debían ser dueñas de su destino.

Los planes de exterminio de Fujimori contaron con el apoyo de la bien conocida USAID, Agencia de Estados Unidos para la Ayuda al Desarrollo Internacional, principal fuente de asistencia técnica y financiera.

Unos 36 millones de dólares fueron puestos por la criticada agencia estadounidense a disposición del programa, llevado a cabo con engaños, amenazas y el uso de la fuerza.

Un profundo daño físico y psicólogico dejaron en mujeres y hombres los tratamientos de anticoncepción quirúrgica definitiva practicados por el gobierno de Fujimori de 1990 al 2000.

El ex dictador peruano cumple 25 años de prisión por las masacres de Barrio Altos, en 1991, y la Cantuta, 1992, en donde amparándose en una supuesta operación antíterrorista los militares asesinaron a una veintena de personas.

Sin embargo, nunca ha respondido por las esterilizaciones forzosas. Años llevan muchas de las víctimas, otras lamentablemente han muerto, esperando que se haga justicia.

Tras una larga investigación de 16 años de la Fiscalía, muchas veces archivada, finalmente la justicia peruana fijó para el venidero primero de marzo la audiencia contra Fujimori por su responsabilidad en las esterilizaciones.

También son acusados sus ex ministros de Salud  Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, así como otros ex funcionarios y médicos.

Las víctimas exigen celeridad, transparencia y que el proceso no se detenga para que finalmente sean juzgados y sentenciados los responsables de esa práctica criminal que tronchó sus sueños.