Brasilia, 26 ene (RHC) El periodista Alex Solznik expuso en su columna habitual que la aprehensión del pasaporte del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva constituye una medida típicamente dictatorial que no encuentra amparo en los dispositivos de la Constitución brasileña.

Impedir a Lula salir del país y confiarlo en Sao Bernardo do Campo (Sao Paulo, donde reside) remite de inmediato a lo que la dictadura militar hizo con el expresidente Janio Quadros, confinado en Corumbá, Mato Grosso do Sul, subrayó el periodista en un comentario publicado en el diario digital Brasil 247.

En opinión de Solnik, la ratificación de la condena proferida contra el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) por un tribunal de apelaciones en Porto Alegre, que resolvió subir un peldaño más en la escala del arbitrio, “abrió la temporada de caza” contra Lula.

Primero –enumeró- piden su pasaporte y confinamiento. Después, la prisión preventiva. Los jueces se disputan quién va a prenderlo primero. “La dictadura de la toga se consolida a galope”, concluyó.

Por su parte, el también analista político Kennedy Alencar coincidió en considerar “abusiva y equivocada” la decisión del juez federal Ricardo Leite, quien la víspera ordenó privar a Lula de su pasaporte, impidiéndole viajar a Etiopía a donde fue invitado a disertar sobre combate al hambre en un evento organizado por la Unión Africana.

Sólo una visión autoritaria percibiría en ese viaje algún riesgo de una eventual fuga, señaló el analista político, para quien el episodio sirve solo para reforzar el carácter persecutorio de las acciones de fiscales y jueces contra el exgobernante petista.

Leite, recordó en tanto el diputado federal del PT Paulo Teixeira, enfrentó un pedido de apartamiento de su cargo por ser tolerante con empresas involucradas en la operación Zelotes, que investigó un escándalo de evasión de impuestos por supuestas irregularidades en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF).

También el abogado Cristiano Zanin afirmó que el expresidente Luiz Inácio da Silva no puede sufrir cualquier restricción a su libertad de movimiento por criticar al sistema de justicia brasileño en relación con procesos que lo involucran.

La postura del miembro del equipo de letrados de la defensa de quedó plasmada en una nota dirigida al Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF1) en la cual reclama la devolución del pasaporte al exmandatario.

El texto solicita además que se reconozca la ilegalidad de la decisión adoptada por el juez federal Ricardo Leite, quien la víspera ordenó la aprehensión de ese documento, impidiendo la asistencia de a un encuentro de la Unión Africana en Etiopía, donde disertaría sobre el exitoso combate al hambre desplegado por sus gobiernos en Brasil.

Contrario a lo que argumentó el Ministerio Público, agregó, no hay decisión condenatoria definitiva contra ni siquiera en el ámbito del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4), con sede Porto Alegre, cuyos tres jueces resolvieron el pasado miércoles incrementar su condena a 12 años y un mes de prisión.

La nota recuerda que el viaje de fue comunicado al propio TRF4 antes del juzgamiento, e incluso la Presidencia de la República autorizó a que servidores federales lo acompañaran, en los términos de la ley.

No existe ningún elemento concreto para justificar la afirmación de que existiría alguna posibilidad de pedir asilo político, pues su intención de permanecer con residencia en el país fue reafirmada ayer cuando aceptó el lanzamiento de su precandidatura a las próximas elecciones presidenciales, concluyó.