Foto: Carlos Serpa Maceira
Por: Carlos Serpa Maceira
La Habana, 7 jul (RHC) La Gaceta Oficial de la Republica de Cuba Ordinaria No.62 publico este lunes la Ley 175 del Notariado, junto a su legislación complementaria, que incluye tres resoluciones ministeriales destinadas a modernizar y regular el ejercicio notarial en Cuba.
En conferencia de prensa efectuada en la sede del Ministerio de Justicia (MINJUS), Rosabel Gamón Verde, viceministra primera de Justicia destacó que estas disposiciones buscan garantizar mayor transparencia, eficiencia y acceso a los servicios notariales, en consonancia con las actualizaciones del modelo económico y social en el pais.
La funcionaria ratificó que en el sistema del MINJUS existen las condiciones para implementar la Ley y sus resoluciones complementarias, e informó que tras su publicación en la Gaceta, hay 180 días para su entrada en vigor.
Aprobada el 19 Diciembre de 2024 por la Asamblea Nacional del Poder Popular la Ley 175 del Notariado busca regular el ejercicio de la función pública notarial que implica la prestación de un servicio público, así como el desempeño de la labor del notario como garante de la justicia y la seguridad jurídica preventiva.
Olga Lidia Perez Diaz, Directora General de Notaria y Registro Publico del MINJUS, explico que a partir de esta normativa, el ministro no solo tendrá la facultad de habilitar a los notarios, sino también de sustituirlos y reubicarlos en sus cargos.
Los artículos principales definen la figura del notario y regulan los perfiles de este para su desempeño. También se instituye un sistema de gestión informática para garantizar agilidad en la prestación de servicios y eliminar cargas burocráticas.
Subrayo que otra de las novedades de la ley es que las notarías serán autofinanciadas, a partir de los recursos que logren obtener, lo cual les permitirá tanto sostenerse económicamente como contribuir al Estado.
La Ley 175 enfatiza que el notario, dada su condición de funcionario público del Estado, tiene el deber de proporcionar a los ciudadanos seguridad jurídica en el ámbito del tráfico jurídico extrajudicial.
