El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, insistió este martes en su denuncia de que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2013-2018) es un “preso político” y pidió a entidades internacionales permanecer atentos a su condición física.
“Jorge Glas es un ciudadano colombiano y es un preso político. Solicito a los organismos internacionales de derechos humanos velar por sus derechos. Su estado de salud compromete ya su vida porque, al estar prisión, no le han dado el suficiente alimento y sufre ya una severa desnutrición y pérdida de masa muscular”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.
Añadió en su mensaje que “dejar morir a una persona de hambre, estando bajo el cuidado de un gobierno, es un delito de lesa humanidad”.
El pronunciamiento del jefe de Estado es el segundo emitido en 24 horas en torno a la situación de Glas, a quien se le concedió la nacionalidad colombiana en septiembre del pasado año.
Petro reiteró su alerta pese a los comentarios que más temprano divulgó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
Según alegó en su cuenta de la red social X el gobernante ecuatoriano, la denuncia de su par neogranadino “constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos y en el derecho internacional”.
Otras personalidades en Colombia también manifiestan su preocupación por el estado físico de Glas.
La senadora Gloria Flórez, por ejemplo, consideró que al exvicemandatario lo someten a condiciones indignas “de manera deliberada”.
“Ha bajado 14 kilogramos, su condición física, de salud y psicológica es bastante preocupante”, señaló en un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X.
La legisladora también pidió a los defensores de derechos humanos en Latinoamérica y el mundo a defender a Glas, “víctima de tantos vejámenes por parte del Gobierno de Noboa”, según remarcó.
Glas permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, desde el 10 de noviembre, tras ser trasladado desde la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.
Su defensa informó que cumplió las condenas impuestas en los casos Odebrecht y Sobornos, sin embargo, continúa detenido por el proceso denominado Reconstrucción de Manabí, cuya sentencia escrita de primera instancia fue notificada seis meses después y eso vulneró garantías del debido proceso.
El exvicegobernante, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de 2024.
Ese día, policías entraron violentamente y sin autorización en la legación diplomática y lo aprehendieron pese a contar con asilo por parte del entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
