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Organizaciones sociales piden plan común para sortear crisis de Haití

Imagen de archivo

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Puerto Príncipe, 4 nov (RHC) Tras siete semanas de protestas en Haití, organizaciones de derechos humanos piden a líderes opositores renunciar a sus intereses personales, y acordar un plan común para salir de la actual crisis.

Este acuerdo proporcionaría alivio a la población, luego de dos meses de parálisis en las principales actividades, dijo a la prensa Pierre Espérance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.

'Pedimos a los actores que animen a los manifestantes a protestar pacíficamente respetando la propiedad de los demás. Deben asegurarse de que las manifestaciones no den a los delincuentes la oportunidad de saquear, robar y vandalizar los bienes de otros', precisó.

La profundización de la crisis sociopolítica, también ha generado fricciones entre los diferentes sectores opositores, que proponen varias estrategias de transición, luego que el presidente Jovenel Moïse abandone el poder, pero sin llegar a un acuerdo común.

Mientras algunos apuestan por nombrar a un juez de Casación y a un primer ministro de la oposición, otros insisten en un gobierno más plural, encabezado por una junta directiva, aunque todos convenían que la salida de Moïse es el primer paso.

Espérance también instó a los actores políticos a no crear pánico entre la población, con mensajes que prediquen la violencia, en alusión al controversial toque de queda decretado la víspera por sectores de la oposición, con la advertencia de no salir a las calles para evitar convertirse en víctimas, de acuerdo con el portavoz de la Alternativa Consensual para la Refundación de Haití, Andre Michel.

Las personas no deben ser amenazadas, o intimidadas, 'bajo ninguna circunstancia', dijo el luchador por los derechos humanos, y enfatizó la necesidad de respetar a quienes no comparten la misma opinión política.

La reciente crisis debutó a mediados de septiembre contra una fuerte escasez de combustible, y rápidamente se extendió por las provincias con demandas de renuncia al jefe de Estado, y cambio del sistema sociopolítico que mantiene a casi el 60 por ciento de la población por debajo de la línea de la pobreza.

Desde entonces, cientos de miles de personas salen a las calles casi a diario, y reclaman además mejores condiciones de vida, justicia contra los malversadores de fondos públicos, al tiempo que critican la escalada de corrupción que sacude el país.

Al menos 42 murieron como parte de las protestas, 19 en manos de la policía, y casi un centenar resultó herido, según cifras de Naciones Unidas.

Pese a la fuerte presión popular, Moïse evita hablar de renuncia, y emprendió reformas en el Gobierno, eliminó contratos de empresas privadas, que aseguró estaban en detrimento de la población y el Estado y reitera el llamado de diálogo entre los diversos sectores nacionales.

 

Editado por María Candela
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