La anunciada participación del gobierno de México en una demanda colectiva contra el ICE, Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, por las deplorables condiciones de detención, reafirman las denuncias contra ese órgano, predilecto de la administración de Donald Trump.
La publicación de casos en la prensa mexicana sobre falta de atención médica a los apresados, refleja una tendencia alarmante e inaceptable.
Así opinó Vanessa Calvo, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de México.
Ya existe una acción legal planteada por cuatro personas detenidas en los campos donde se recluyen a los inmigrantes.
Ellos fueron capturados en redadas y sobre la base de pesquisas selectivas, amparadas por el terror y la incertidumbre.
Las estadísticas son sobrecogedoras. Seis de los 14 mexicanos muertos bajo custodia de ICE desde la asunción de Donald Trump en su segundo mandato, fallecieron por complicaciones médicas.
No se trata de casos aislados, pues organismos gubernamentales mexicanos advirtieron sobre carencias permanentes en la atención de salud en los campos de aprehensión de migrantes.
México lleva el control de los muertos en circunstancias similares en todos los mandatos en la Casa Blanca.
Durante la primera etapa de Trump murieron 11 ciudadanos y cuatro durante la administración de Joseph Biden.
Un informe redactado por varias organizaciones, entre ellas American Oversight, expuso que 95 por ciento de las 52 muertes registradas bajo resguardo del ICE entre 2017 y 2021 eran evitables, si los enfermos hubieran recibido atención médica adecuada.
Por distintas fuentes se insiste en que muchos detenidos con posibles enfermedades, dejaron de recibir los servicios apropiados.
Entre las víctimas recientes figura José Guadalupe Ramos-Solano, natal de Guanajuato, quien estaba detenido en el centro de procesamiento de migrantes de “Adelanto”, en California.
Incluyendo el caso de Ramos-Solano, nada explica las circunstancias de procesamiento y detención migratoria que indujeron al fallecimiento de los mexicanos bajo custodia.
De ahí que diplomáticos y otros funcionarios mexicanos hicieron más de 12 mil visitas a sedes de detención de ICE, tratando de indagar por la situación de compatriotas, cuyo número en esa condición llega casi a 14 mil.
La pregunta es obvia: ¿A cuántos más, mexicanos o no, les puede ocurrir lo mismo entre los 68 mil detenidos bajo amparo del ICE?
