Perú organizó una contienda electoral en medio del desencanto de los ciudadanos por la actuación de los políticos tradicionales y la ola de criminalidad.
Una desconcertante dispersión de candidatos, con cifra récord de 35, marcó el sello de las alargadas boletas electorales, ante las cuales muchos votantes se sienten confundidos y desconocen a no pocos de los optantes.
La mayor parte de los aspirantes ofrece una política económica neoliberal, más de derecha, sin presentar salida real al eterno conflicto del Perú, el enfrentamiento entre el Congreso conservador y el ejecutivo.
Los peruanos están hartos de la inestabilidad política, con ocho presidentes en una década, algunos de los cuales fueron separados por corrupción, como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, en tanto es investigado Pedro Pablo Kuczynski.
En esa atmosfera caótica intenta ganar los favores del electorado la controvertida Keiko Fujimori, hija del ex dictador Alberto Fujimori.
Keiko intentó en tres ocasiones anteriores llegar a la presidencia, todas infructuosamente.
Otros postulantes con más posibilidades, siempre con poco caudal de votos, son el comediante Carlos Álvarez y el ex alcalde ultraconservador de Lima, Rafael López Aliaga.
Muchos de los competidores representan los intereses de la oligarquía capitalina y partidos tradicionales, sin hacerse eco de las contradicciones y pobreza de las zonas rurales, en las que encontró simpatizantes el ex presidente Pedro Castillo, hoy encarcelado.
Pero no solo la abulia o la ira hacia los colectivos políticos habituales embarga a muchos peruanos, ya que la delincuencia común, el crimen organizado así como el narcotráfico avanzaron peligrosamente.
La inseguridad ciudadana es la principal preocupación de los pobladores, tendencia aprovechada por Keiko Fujimori y otros pretendientes a la presidencia para proponer lo que denominan “mano dura”.
López Aliaga sugiere enviar delincuentes a cárceles en parajes remotos de la Amazonía y Álvarez impulsa la pena de muerte contra sicarios.
El discurso contra la violencia cala hondo en la sociedad, agobiada porque los homicidios anuales pasaron de mil en 2018 a 2600 en 2025 y porque 24 por ciento de la población de 15 o más años de las zonas urbanas fue víctima de algún hecho delictivo.
Además, una de cada cuatro personas adultas ha sido víctima de extorsión.
Ante los electores se impone una pregunta: ¿podrá alguno de los políticos en liza enfrentar la violencia en un escenario tan inestable como el de Perú?
