La reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que permite al gobierno de Donald Trump reanudar las expulsiones aceleradas de inmigrantes en todo el país, no es solo una victoria legal para la administración. Es un momento de profunda introspección para una nación que, desde su nacimiento, se ha definido a sí misma como un crisol de culturas y un faro de esperanza para los recién llegados.
El fallo, que reactiva un pilar de los planes de deportación masiva, autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a aplicar un proceso de deportación sumaria.
Este tipo de deportación tradicionalmente reservada para quienes son detenidos cerca de la frontera sur, ahora se propone aplicarla a inmigrantes indocumentados en el interior del país que no puedan probar de inmediato que llevan más de dos años en territorio estadounidense.
La decisión, con una votación dividida de 2 a 1 en la que los jueces designados por Trump fueron la mayoría, elimina de facto la posibilidad de una audiencia migratoria para millones de personas. El juez Justin R. Walker, en la opinión mayoritaria, argumentó que el Congreso ha delegado estas decisiones en el poder ejecutivo, desestimando las preocupaciones sobre el debido proceso.
Esta política choca de frente con el ideal fundacional de Estados Unidos, que el próximo 4 de julio seguramente festejarán, aunque no parece haber mucho que celebrar para millones de familias inmigrantes frente a esta nueva decisión.
La nación fue construida por olas migratorias que huyeron de la persecución y buscaron un futuro mejor, y su himno nacional, escrito por un inmigrante, habla de la tierra de los libres. Sin embargo, la historia también está manchada por el nativismo, desde las leyes de exclusión china que comenzaron en 1882 hasta las cuotas discriminatorias del siglo XX. La expulsión acelerada, en su nueva y amplia aplicación, parece revivir esos fantasmas del pasado al convertir a agentes de inmigración en jueces, jurado y verdugos, dejando a personas que han construido una vida y una familia en el país en un limbo legal sin la oportunidad de defenderse.
El argumento del gobierno de que el «resultado adecuado es la expulsión» para quienes están en situación irregular, como señaló el juez Walker durante la audiencia, revela una lógica que reduce el complejo entramado de vidas humanas a una mera cuestión de estatus legal . Ignora que muchos de estos inmigrantes son padres de ciudadanos estadounidenses, trabajadores esenciales o miembros de comunidades con décadas de arraigo. La decisión del tribunal, al priorizar la eficiencia administrativa sobre las garantías individuales, no solo erosiona los principios del debido proceso, sino que también tensa el tejido social al sembrar el miedo en comunidades enteras y socavar la confianza en el sistema de justicia. La Administración Trump celebra este fallo como una victoria para el estado de derecho, pero cabe preguntarse: ¿qué tipo de ley y qué tipo de nación se está construyendo cuando se sacrifican los principios de justicia en el altar de la deportación masiva? Es la gran paradoja del autoproclamado país de la libertad o el sueño americano hecho trizas.
