Por: Guillermo Alvarado

La muerte de una niña migrante guatemalteca de apenas 7 años de edad, ocurrida cuando estaba bajo custodia de autoridades estadounidenses, es motivo de indignación en muchos sectores y demuestra, además, la imperiosa necesidad de crear un sistema que garantice efectivamente los derechos de las personas que por diversas razones son forzadas a desplazarse de su lugar de origen.

Jakelin Caal acompañó a su padre, Nery, de 29 años, en el azaroso viaje hacia Estados Unidos con el objetivo de escapar de la pobreza que reina en su comunidad, un pequeño poblado del municipio de Raxruhá, en el norte de Guatemala.

El seis de diciembre fueron detenidos en una zona desolada de Nuevo México y varias horas después, cuando eran trasladados junto a un grupo de migrantes en un autobús, sufrió fiebre alta y vómitos; cuando llegaron a su destino había dejado de respirar pero fue reanimada y trasladada en helicóptero a un hospital en la ciudad de El Paso, Texas, donde falleció el 8 de diciembre.

Cuando fueron capturados tenía buena salud, por lo que su malestar y muerte ocurrieron estando bajo custodia y son responsabilidad del gobierno de Estados Unidos porque sus funcionarios no le brindaron la debida atención; nadie recuerda, por ejemplo, si recibió líquidos o alimentos luego de su detención a pesar de su corta edad y venir de un viaje largo y extremadamente agotador.

Era niña, indígena, pobre y guatemalteca, datos que quizás fueron irrelevantes para quienes tenían la obligación de velar por ella.

Raxruhá, como casi toda el área rural del norte de Guatemala, es una zona donde la pobreza y el hambre son endémicas, pero en las últimas décadas la situación se extremó debido a la usurpación de suelos por los terratenientes para sembrar palma africana, lo que casi exterminó el cultivo del maíz y otros alimentos básicos.

Eso está empujando a muchas personas desesperadas a escapar hacia Estados Unidos con la ilusoria idea de encontrar una vida mejor y rescatar a sus familias de la miseria. La historia de Nery Caal y su hija, Jakelín, es una entre cientos que nacen de la desgracia y suelen terminar en ella.

Primero son víctimas de la rapacidad de los grandes propietarios agrícolas, así como de la corrupción e incapacidad de sus gobernantes para ofrecerles una vida digna. Luego los expolian los traficantes de personas, que les cobran abusivas sumas de dinero y les hacen endeudarse o vender sus escasas propiedades para financiar un viaje de improbables resultados.

Finalmente sufren la intolerancia, el racismo y la xenofobia de quienes custodian las fronteras del paraíso prohibido, azuzados ahora por un presidente, el señor Donald Trump, que ha llevado al paroxismo el odio hacia lo que es diferente o ajeno.

Yakeline Caal murió por esa cadena de iniquidades. Porque su pueblo y sus padres son pobres, extremadamente pobres; porque sus gobernantes hace décadas se olvidaron de ellos y porque para buscar una solución por sus propios medios hay que jugarse la vida. Tristes lecciones para un mundo que cada vez más pierde el sentido de la decencia y la dignidad.