Foto: Maritza Gutiérrez
Por: Maritza Gutiérrez
Recientemente, en el Capitolio Nacional, tuvo lugar una audiencia pública con el objetivo de supervisar la implementación de la Ley No. 129 «De Pesca», un evento significativo que reunió a diputados residentes en La Habana y fue conducido por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, José Luis Toledo Santander y Ramón Aguilar Betancourt, respectivamente. Esta actividad se inscribe dentro del proceso de control parlamentario al cumplimiento de las leyes aprobadas tras la proclamación de la Constitución de la República, el 10 de abril de 2019.
La Ley de pesca eleva a rango de ley el contenido esencial del Decreto-Ley No. 164, de mayo de 1996, que regulaba la pesca en Cuba, lo que representa un avance significativo en la formalización de las políticas pesqueras del país. Esta ley establece un marco legal claro para el ordenamiento, administración y control de los recursos hidrobiológicos en las diversas fuentes acuáticas cubanas, promoviendo su conservación y el uso racional con miras a fortalecer la soberanía alimentaria.
Entre sus objetivos fundamentales se incluye la institucionalización de principios que guíen la gestión de los recursos pesqueros, así como la regulación de las autorizaciones de pesca y las modalidades correspondientes. Asimismo, fomenta la coordinación entre entidades implicadas en el proceso y el establecimiento de órganos consultivos, asegurando una integración efectiva. La inclusión de actores no estatales y del Ministerio del Interior destaca un enfoque más amplio y colaborativo en la prevención y control de actividades pesqueras, propiciando un desarrollo sostenible del sector.
Es así que en la reciente audiencia pública de control parlamentario sobre esta norma, la viceministra del Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL), Midalys Naranjo Blanco, expuso las características fundamentales de la Ley de Pesca, y reafirmó su importancia para fortalecer la soberanía alimentaria de la nación, un tema central en el desarrollo sostenible del país.
Naranjo Blanco detalló las diversas acciones realizadas por el Ministerio de la Industria Alimentaria para asegurar el cumplimiento de dicha ley. Entre ellas, destacó la celebración de seminarios de capacitación en comunidades pesqueras, así como las iniciativas dirigidas a atender las inquietudes planteadas sobre la normativa y la potenciación de recursos locales para el autoabastecimiento. Se mencionó que, durante los meses de julio y agosto de 2024, se llevaron a cabo 80 reuniones de intercambio en 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, involucrando a más de 6,000 pescadores.
Los diputados presentes enfatizaron la importancia de llevar a cabo un chequeo y control permanente de la implementación de la Ley de Pesca, subrayando que su objetivo primordial es contribuir a la soberanía alimentaria del país, especialmente en relación con las necesidades territoriales de la población y el desarrollo local. Este enfoque participativo y proactivo es fundamental para identificar y resolver problemas que puedan surgir en la aplicación de la norma.
La jornada también contó con la presencia de otros titulares de comisiones parlamentarias, autoridades del MINAL, del Grupo Empresarial de la Industria Pesquera, de la Oficina Nacional de Inspección Estatal (ONIE), así como del Centro de Investigaciones Pesqueras y del Ministerio de Justicia, evidenciando la colaboración interinstitucional necesaria para garantizar el éxito de la Ley de Pesca y contribuir a un desarrollo integral en la gestión de recursos pesqueros en Cuba.
A modo de resumen puede decirse que esta audiencia pública no solo reafirma el compromiso del gobierno cubano con la sostenibilidad y el ordenamiento de sus recursos hidrobiológicos, sino que también representa un ejercicio democrático de rendición de cuentas y participación ciudadana en el ámbito legislativo.
