En los últimos días el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional dio a conocer que 17 ex funcionarios del gobierno de Áñez han sido convocados por la Fiscalía. Imagen / Youtube Fiscalia General de Bolivia
Por María Josefina Arce.
En once meses las autoridades golpistas, encabezadas por Jeanine Áñez, asaltaron las arcas de Bolivia para su beneficio personal, en medio de una compleja situación epidemiológica por la COVID 19 y una crisis económica.
Continúan saliendo a la luz detalles de la escandalosa compra con sobreprecio de 170 ventiladores para pacientes con la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, en momentos en que el país presentaba un crítico panorama sanitario.
En marzo del pasado año se detectaron los primeros casos y ya para septiembre la cifra de muertos era de casi ocho mil. Bajo el gobierno de facto Bolivia estuvo entre los países más afectados por la pandemia de América Latina.
De acuerdo con detalles de las investigaciones, dados a conocer recientemente, los ventiladores no reunían las características necesarias para ser destinados a la atención de los enfermos en las salas de terapia intensiva.
El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, señaló que la pericia técnica sobre la funcionalidad de los respiradores determinó que tenían muchas limitaciones y no podían ser utilizados en los enfermos de COVID 19 pero tampoco en los afectados por otras dolencias.
El caso, uno de los más sonados escándalos durante el mandato de Áñez, costó a Bolivia más de cinco millones de dólares y llevó a la destitución del entonces ministro de Salud Marcelo Navaja.
Pero este no fue el único acto de corrupción de las autoridades desde que llevaron a cabo un golpe de estado contra el presidente constitucional Evo Morales, reelegido en las urnas en 2019 por mayoría popular.
Más de veinte hechos de esta índole tuvieron lugar en menos de un año, que provocaron la indignación de la sociedad. Representantes de varios sectores señalaron que el que sufrió por este robo y saqueo fue el pueblo boliviano, que no tenía el pan del día y vivía en medio de una crisis económica y sanitaria.
En los últimos días el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional dio a conocer que 17 ex funcionarios del gobierno de Áñez han sido convocados por la Fiscalía a causa de la suscripción de tres decretos usados para la compra de gas lacrimógeno a un precio mucho mayor que el existente en el mercado.
Las investigaciones revelaron que el país pagó dos millones 300 mil dólares más de lo debido. En mayo último, vinculado a este caso, fue detenido en Estados Unidos el ex ministro de gobierno Arturo Murillo por sobornos y lavado de dinero.
Bajo el gobierno de facto también se registraron ventas de cargos y cobros ilegales en los Ministerios de Educación, Comunicaciones y Cultura, así como la privatización de empresas estatales sin el debido proceso.
Los bolivianos exigen justicia por la corrupción durante el gobierno de facto que enriqueció a unos cuantos mientras morían los ciudadanos, ante la crítica situación de los centros hospitalarios, sin los insumos médicos necesarios para enfrentar la pandemia, al tiempo que muchos otros, sin empleo, ni ayuda gubernamental, carecían de los medios para subsistir.
