Por: Roberto Morejón
Como un asunto de Estado y de dignidad asumió el gobierno venezolano las gestiones para poder rescatar a una niña, hija de padres migrantes, retenida en Estados Unidos en medio de la ola de deportaciones dictada por la administración de Donald Trump.
Las autoridades venezolanas exponen como un caso de trata de personas la detención de la menor de dos años Maikelis Espinoza Bernal.
A ella la separaron de su madre en un aeropuerto estadounidense, antes de que esta última partiera como repatriada hacia el país sudamericano.
La familia ha sido víctima de una tragedia. El padre de la infante también fue secuestrado y trasladado, sin juicio previo u otra fórmula judicial, a una cárcel de extrema seguridad en El Salvador.
Profunda conmoción ha causado en la sociedad venezolana lo ocurrido con esta familia, blanco de la xenofobia originada por las políticas migratorias de los actuales inquilinos de la Casa Blanca.
Los padres de la niña niegan pertenecer al cártel del crimen organizado Tren de Aragua, como exponen las autoridades estadounidenses, y alegan que no hay pruebas en su contra.
Venezuela ha condenado a Estados Unidos por no repatriar niños, incluyendo a Maikelys, y señala que estos hechos constituyen una violación de los derechos humanos.
Para muchos venezolanos, este tipo de acciones provocadora de la división de familias, se inserta en el hostigamiento y sanciones de la potencia del Norte, que tanto daño han causado a la economía y la sociedad.
Por su lado, la extrema derecha de la oposición venezolana guardó silencio cómplice sobre las separaciones de niños, luego de estimular la emigración y cargar la culpa al gobierno.
A la luz de esta adversa coyuntura, surcada por el fruto devastador de la política de deportaciones de Trump que incluye el secuestro de una menor de edad, el gobierno venezolano prometió luchar por el regreso a casa de sus connacionales.
Es comprensible la alarma de la sociedad venezolana ante el trato inhumano hacia los migrantes, incluyendo la separación de niños.
Se manifiesta el carácter racista y xenófobo de las deportaciones masivas de migrantes ilegales, aplicadas por Trump en su segundo mandato.
Como preguntó la Internacional Antifascista: ¿Dónde queda el interés superior del niño cuando el Estado utiliza a la infancia migrante como botín de guerra?
