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En conferencia de prensa en respuesta a la solicitud de disolver la organización impulsada por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, el abogado Rolando Murgas adelantó que acudirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar a conocer semejante atropello, una medida inédita en la historia nacional, ni siquiera vista en tiempos de dictadura militar.
También resaltó que, pese a la salida de Panamá de listas grises de la Unión Europea, el país se encuentra en una listado de los 25 países con mayor violaciones a la libertad sindical, de acuerdo a la OIT.
Lo que pasa con el Suntracs es una persecución y un desmantelamiento del estado de derecho del país. Lo que hoy le hacen a ese colectivo, el día de mañana se lo pueden hacer a cualquier organización.
«Aquí se han capturado las cuotas del sindicato exigiendo que sean entregadas al Ministerio de Trabajo. Cuotas que están respaldadas por la constitución”, remarcó.
A preguntas de Prensa Latina, el letrado señaló que, sin presentar pruebas, la funcionaria se abrogó el derecho de acusar a Suntracs de extorsión y malversación de fondos, así como de distanciarse de los objetivos para lo cual fue creado esa organización.
Por su parte, José Víquez, de la dirección de Suntracs, indicó que el sindicato es el de mayor trayectoria en el país y que ha logrado en sus más de 50 años de existencia establecer y negociar 12 convenciones colectivas con la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), que incluyen beneficios superiores a los establecidos por el Código de Trabajo, como pólizas de vida para familiares.
Alistamos una nueva negociación con la Capac, la Asamblea General y elecciones internas en agosto próximo, un proceso que no se detendrá pese a las presiones y medidas arbitrarias del Gobierno de José Raúl Mulino por desarticular a la agrupación. “La batalla no ha terminado”, sentenció.
Las declaraciones de la ministra fueron calificadas por el sindicato como “ilegales e inconstitucionales”, evidenciando “el odio del gobierno a la organización».
La titular argumentó incluso que la organización tendría supuestamente “desvirtuado su propósito original” de defender los derechos de los trabajadores y ha incurrido en presuntas irregularidades.
La medida tiene lugar en momentos de tensión entre el gobierno de José Raúl Mulino y los sindicatos del país, que rechazan la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, y denuncian persecución contra las organizaciones obreras.
Por su parte, el abogado Antonio Vargas adelantó que presentarán recursos de impugnación que señalan a Jackeline Muñoz por apropiarse de los fondos de Suntracs, de manera arbitraria e ilegal.
Vargas recordó una reunión pasada con el jefe de Estado en la que dio indicaciones al estatal Banco Central para que abriera las cuentas de Suntracs, pero ahora eso lo convierte en cómplice del delito de . blanqueo de capitales, según la nueva denuncia de Muñoz de supuestos fondos ilegítimos.
Asimismo, exigió que se respete la separación de poderes como corresponde a un Estado de Derecho, . y en ese sentido instó al Ministerio Público y al Procurador de la Nación, Luis Gómez, a que se investigue los abusos cometidos contra la población en protesta contra la norma de pensiones.
En ese sentido, adelantó que presentarán denuncias bien argumentadas legalmente contra Muñoz por calumnia, extralimitación de funciones, abuso de poder y apropiación indebida de los recursos del Estado en alusión a las cuotas patronales del Suntracs que ordenó ingresaran a las arcas del Ministerio de Trabajo. (Fuente: PL)
