Durante casi dos décadas, bajo el mandato del MAS, Movimiento al Socialismo, se mantuvo Bolivia alejada del Fondo Monetario Internacional, por considerar lesivos para la soberanía de la nación y el bienestar de los bolivianos los ajustes que impone el FMI.
Incluso un millonario crédito, gestionado por el gobierno golpista de Jeanine Áñez, con la institución financiera internacional fue rechazado por la administración del presidente Luis Arce, quien estuvo al frente del país suramericano de 2020 a 2025.
Pero ahora la realidad es otra; aún cuando durante su campaña electoral el hoy primer mandatario boliviano, el neoliberal Rodrigo Paz, aseguró que no recurriría al Fondo Monetario Internacional.
Es así que en los últimos días se anunció que Bolivia y el FMI acordaron un programa económico de 36 meses respaldado por un préstamo de MIL 900 millones de dólares
El acuerdo ha generado numerosas críticas, incluso de miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, quienes estimaron que el gobierno solo responde con más endeudamiento, ante la díficil situación económica.
Para los expertos la aplicación de las políticas promovidas por el FMI pueden impulsar el cierre o privatización de empresas públicas, una mayor presencia de compañías transnacionales en sectores estratégicos y priorizar el pago de la deuda por encima de la inversión destinada al desarrollo.
Estiman que se irá al recorte del gasto del estado, reducción de empleos públicos, además de modificaciones a los subsidios y programas sociales.
Ya a finales de 2025, recuerdan, el gobierno de Rodrigo Paz recortó en 30% el gasto público y eliminó el subsidio a los combustibles, lo que repercutió negativamente en la economía de los bolivianos, al registrarse un aumento del costo del transporte y la canasta familiar.
Y por el contrario eliminó cuatro impuestos, entre ellos el tributo a grandes fortunas, aún cuando fueron muchos los que alertaron sobre la reducción de los necesarios ingresos fiscales.
Antes de hacerce efectivo, el acuerdo deberá recibir el visto bueno del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Sin embargo, son muchos los cuestionamientos al acuerdo de Bolivia con el Fondo Monetario Internacional, conocido por sus políticas de ajuste que ahondan las desigualdades y pobreza, y ponen en riesgo el futuro de las nuevas generaciones.
