| Foto: Fenapes

Por María Josefina Arce.

Manifestaciones, paros y ocupación de colegios y universidades han sido una constante este año en Uruguay y que se han intensificado en las últimas semanas, en defensa de una educación pública de calidad y para todos.

Docentes, estudiantes y familiares se oponen a los planes del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou de llevar a cabo una reforma educativa, contraria a los intereses y necesidades de educandos y personal del sector.

Contundente fue la marcha de la pasada semana, que congregó a decenas de miles de uruguayos en Montevideo, quienes desfilaron por la Avenida 18 de julio, la principal calle de la capital, y finalmente se concentraron frente a la sede del Parlamento.

Los manifestantes denunciaron que al favorecer la privatización el gobierno busca lucrar con un derecho humano esencial, que debe reducir la desigualdad y llevar a un mejoramiento de las condiciones de vida.

Un gran rechazo ha provocado también en la sociedad uruguaya el recorte de millones de dólares en el presupuesto destinado a la educación,  desde que Lacalle Pou asumió la presidencia en marzo de 2020.

Esto se ha traducido en un mayor número de estudiantes por aula, la pérdida de los horarios de práctica y la sobrecarga de labores para los profesionales del sector, al eliminarse puestos de trabajo.

De nefastas calificaron los expertos la constante reducción de recursos a UDELAR,  Universidad de la República. Uruguay está perdiendo, afirmaron, que la capacidad y formación de los jóvenes impacte positivamente en la sociedad uruguaya.

El recorte de fondos trae aparejado menos oportunidades de estudio para muchos, pues limita el acceso a becas y horarios accesibles para quienes trabajan.

El más importante centro de altos estudios del país concentra cerca de 85% de los estudiantes universitarios del territorio uruguayo, y lidera la producción científica, con al menos el 95% de proyectos investigativos.

Día a día crece el conflicto con el gobierno. La sociedad uruguaya demanda una educación que lleve al desarrollo integral,  que no sea discriminatoria y que llegue a todos para ampliar y mejorar sus perspectivas de vida y se tribute al crecimiento del país.