El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, persiste en su discurso de » conflicto armado interno», un argumento en el que se basó para autorizar el despliegue de militares extranjeros en el país andino con el objetivo, dijo, de combatir las bandas del crimen organizado en las provincias más violentas.
Preocupante resulta también que el decreto presidencial 424, otorga inmunidad penal y civil a las tropas foráneas en sus operaciones contra las organizaciones criminales.
De inmediato diversos sectores de la sociedad han expresado su inconformidad con el decreto presidencial, que con el pretexto de la cooperación internacional abre las puertas a uniformados extranjeros, y pone en riesgo la soberanía nacional y el respeto a los derechos humanos.
La normativa genera múltiples interrogantes entre los ecuatorianos. La abogada Mónica Luzárraga, citada por la agencia noticiosa Prensa Latina, pregunta por ejemplo, cuáles serán los límites, controles y responsabilidad de esa cooperación internacional.
Analistas subrayan además, que en noviembre del pasado año la ciudadanía, en referendo, dijo NO a los intentos de Noboa de eliminar la prohibición constitucional al establecimiento de bases militares extranjeras en la nación andina.
En ese momento organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos recordaron que en ningún país la presencia militar extranjera ha dado los resultados esperados en la lucha contra el crimen organizado y que, por el contrario, estas fuerzas fueron empleadas en muchas ocasiones para reprimir y proteger los territorios entregados a intereses foráneos.
Hasta el momento se desconoce qué países participarán en esta estrategia del gobierno, que para muchos sigue los dictámenes de Estados Unidos, uno de los destinos más visitados por el mandatario ecuatorano durante su gestión.
El polémico decreto 424 establece también que Noboa, como presidente, podrá conceder indultos a militares, policías y civiles que participen en el enfrentamiento al crimen organizado.
Un aspecto igualmente preocupante. Defensores de los derechos humanos han denunciado abusos y violaciones de las prerrogativas ciudadanas por militares, en el marco del denominado «conflicto armado interno».
Por demás, dos días antes de emitir el decreto, Noboa declaró un nuevo Estado de excepción en 10 provincias y 3 cantones del territorio nacional, vigente por dos meses.
Lo cierto es que son muchos los que cuestionan la estrategia de seguridad del gobierno, pues a pesar de la declaración de «conflicto armado interno», de los sucesivos Estados de excepción y los militares en las calles la violencia no cede en Ecuador, donde el pasado año se registró un nuevo récord de 9 mil 281 asesinatos, lo que equivale a más de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, uno de los índices más altos de América Latina.
