En un país en gran parte paralizado por marchas y bloqueos de carreteras, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, cree revertir la crisis con medidas drásticas y admite que no ha incluido la diversidad en su gobierno.
Lo anterior resulta grave, pues Bolivia es eminentemente diverso, con importante presencia indígena, cuyos intereses no pueden ser ignorados.
Paz, un político de derecha afín al presidente estadounidense, Donald Trump, enfrenta desde hace semanas una acentuada presión popular.
La protagonizan sindicatos, campesinos, organizaciones de indígenas y hasta partidarios de derecha, quienes dicen sentirse traicionados por Rodrigo Paz.
El primer mandatario, quien prometió prosperidad hoy lejos de concretarse a seis meses de su toma del poder, se defiende de la presión popular simplificando las causas, al atribuirlas únicamente al apremio de los seguidores del ex presidente Evo Morales.
Paz inculpa por las demostraciones en las calles y la parálisis de caminos al masismo, el narcotráfico y a un supuesto intento de golpe de estado, una visión demasiado simplista como para abordar a fondo el dilema.
Ocurre que la crisis es política y económica, con una prolongada falta de divisas a causa esencialmente de la caída de 60 por ciento de la exportación de gas en la última década.
A lo anterior se añaden la corrupción y las contradicciones entre las promesas electorales de Paz, calificadas por sus críticos de demagógicas, y las disposiciones antipopulares dictadas.
Bolivia, hoy con escasez en las ciudades de alimentos, combustibles y suministros médicos, exige además al Jefe de Estado rendir cuentas por ordenar importación de combustible contaminado, y por diseñar un fallido plan de reducción del déficit presupuestario.
Otros adversarios del gobernante le señalan demasiado tiempo concentrado en reparar las relaciones con Estados Unidos y presidentes de derecha de la región, en lugar de dedicarse a proteger el bienestar social, como auguró.
De todo ello parte un clamor para su renuncia que ahora puede ser enfrentado cuando el poder ya tiene la vía expedita para decretar un estado de emergencia.
Con su vicepresidente Edman Lara en contra y la realidad de que en su gobierno no existen miembros de procedencia indígena, a Rodrigo Paz le pasan la cuenta por eliminar subsidios al combustible, derogar una ley agraria y rechazar nuevos aumentos de salarios.
Muchos bolivianos claman por cambios y el fin del lanzamiento de bombas de gas lacrimógeno.
